La controversia política y el derecho de propiedad

Abstract

Luego de las experiencias políticas vividas por Chile desde 1925, hemos llegado a la conclusión, muy meditada, como observador y participante de algunas etapas del proceso, de que la posibilidad real del pleno empleo, la utilización completa de la capacidad industrial instalada, el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes, la creación de nuevas fuentes de trabajo bien remunerado y, en resumen, el progreso colectivo, descansan en gran medida en un estatuto constitucional del Derecho de Propiedad que quede al margen de los objetivos políticos del momento, que garantice la vigencia de un justo concepto de función social del dominio y que asegure a quienes invierten en actividades productoras, a quienes crean empresas y a todos los que trabajan, el respaldo de una institucionalidad estable que ampare sus bienes en forma eficaz. Si a estas ideas protectoras de la comunidad y de los hombres de trabajo se agrega la acción complementaría del Estado, promotor activo del bien común y no mero espectador, con facultades para asumir la ejecución de proyectos de proyección nacional que los particulares no puedan ejecutar y con el derecho de expropiar los bienes necesarios para ello, con pleno resguardo de los intereses de los afectados, podríamos, por fin, crear las bases ciertas y duraderas de un sostenido crecimiento económico nacional que beneficiara a todos los sectores de la colectividad, especialmente a los más pobres.